AgroDestacadasPolicialesPolíticaProvinciales

MOVILIZACIÓN FRENÓ DESALOJO EN ANDRESITO

Masiva movilización frenó desalojo de 12 familias de productores y campesinos del Paraje Cabure-í.

Un grupo de productores agrarios y sus familias que viven en Picada Tacuara del Paraje Cabure-í en la localidad de Comandante Andresito, se sintieron aterrorizados este miércoles cuando más de 30 efectivos de las fuerzas de seguridad, encapuchados, armados y portando escudos y armas, irrumpieron en el lugar. Junto a ellos estaba el Juez de Paz de Andresito, Enzo Gabriel Copetti, el secretario del Juzgado, y la supuesta dueña de esas tierras, Yngridt Radke, para proceder al desalojo de unas 12 familias campesinas que habitan y trabajan desde hace más de 20 años en terrenos de ese paraje.


La comitiva se presentó sin previa notificación y con una orden de desalojo del juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, con fecha de diciembre de 2019.
En ese lote de 50 hectáreas viven pacíficamente 12 familias, que trabajan la tierra produciendo alimentos, y  realizaron muchísimas mejoras, hicieron el tendido eléctrico, los pozos de agua, plantaciones agrícolas y forestales, y transformaron las tierras que fueron entregadas por el Estado a un ínfimo precio, para ser desmontadas; y lo que era un desierto, fue convertido en una zona productiva que sustenta la vida de familias trabajadoras.


Inmediata reacción de más de cien personas
Después de la sorpresiva irrupción de las fuerzas de seguridad, los y las campesinas alertaron a sus vecinos; uno de los damnificados es el dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena/Cotrum, Adriano Matter, quien se comunicó con el diputado Jorge Páez, del Partido Agrario y Social, que reside en la zona, e inmediatamente llegó hasta el paraje, habló con el magistrado y solicitó una prórroga teniendo en cuenta el derecho que asiste a esas familias con muchos niños y niñas y varias mujeres embarazadas que residen en ese predio.
Las familias campesinas «seguimos resistiendo y cuidando nuestro territorio. Estamos cansados de la Justicia cómplice del poder político y económico local, que intenta desalojarnos a quienes no hacemos más que trabajar y defender una vida digna en el campo», enfatizó Matter.

Tierras que fueron desmontadas y abandonadas 
Mientras que el legislador del PAyS, destacó que las familias trabajan y viven en Cabure-í, la mayoría desde hace 20 años, otras un poco menos; pero todas están afincadas a la tierra en la que producen. «Entre todos mejoraron esas hectáreas cuando quedaron abandonadas después de haber sido desmontadas. Con mucho esfuerzo armaron las chacras, construyeron sus viviendas, comenzaron a  plantar, y hace casi 10 años se enteraron de la  aparición de un supuesto dueño que pretende desalojarlos», relató.
A partir de ahí se organizaron, e iniciaron una pelea judicial para defender sus derechos, y preservar su trabajo, la inversión en sus chacras, en sus viviendas, los pozos de agua. «Pero la Justicia no reconoció esos derechos, y ante eso, las familias iniciaron un juicio por las mejoras, los cultivos, todo el trabajo que hicieron sobre la tierra. Esa causa está dirigida a la persona que dice ser la titular de dominio. El informe que consta en la Justicia en ese expediente, demuestra que el valor de las mejoras, cultivos e infraestructura realizadas por las familias campesinas, vale por lo menos cinco veces más que lo que cuesta la tierra», detalló Páez.


Son 50 hectáreas donde las familias viven y producen  
El diputado sostiene que la Justicia actuó «muy mal» ya que no puede resolver el desalojo en función de la primera sentencia, hasta no definir cómo y por cuánto van a compensar a esos trabajadores por el valor de las mejoras, cultivos, forestación, líneas eléctricas que ellos mismos pagaron, igual que los pozos de agua que construyeron. «Le explicamos al juez que todavía no se resolvió la causa y con esa orden de desalojo están vulnerando el derecho de las familias que invirtieron económicamente. Pedimos que hasta que la Justicia no responda por el valor de esos bienes, no tomen ninguna medida en contra de las familias», aseveró.


Considera que detrás del intento de desalojo compulsivo, hay «un avance más de los personeros del agronegocio que buscan tierras productivas, cuidadas, que son trabajadas y tienen la infraestructura necesaria para producir. Sabemos que existen emisarios de algunos empresarios que persiguen tierras que producen cultivos anuales plantados y plantación frutícola, y tratan de usurparlas para venderlas, desconociendo el esfuerzo y la vida. En este caso de 12 familias que se ganan dignamente el sustento en sus pequeñas chacras, porque no estamos hablando de grandes superficies, sino de 50 hectáreas en las que viven y producen campesinos honestos que no tienen otro lugar donde vivir», remarcó Páez.

«Que la Justicia resuelva en favor de los campesinos»

El diputado del PAyS explicó que por ahora se frenó el desalojo, gracias a la movilización de más de cien personas (militantes, familiares, vecinos) solidarias y comprometidas con los productores y campesinos, que inmediatamente rodearon el lugar en defensa de las familias para evitar el desalojo. «Ante semejante movilización, la policía no quiso ejercer la fuerza pública y el juez decidió a través de la firma de un acta, la postergación de la medida. Elevará ese documento al Juzgado de Puerto Iguazú y esperamos que se resuelva en favor de las y los campesinos que habitan en el Paraje Cabure-í», expresó Páez.

FUENTE: PRENSA PAYS