FAMILIAS CAMPESINAS PIDEN RELEVAMIENTO

El diputado Jorge Páez (PAyS), presentó un proyecto de comunicación en el que solicita que el Poder Ejecutivo realice un relevamiento social y productivo de alrededor de 12.500 hectáreas. Son las que ocupan las chacras de más de 120 familias de Bernardo de Irigoyen. Además solicitan el informe catastral del predio ubicado sobre la Ruta Provincial 18, a la altura del Paraje Piray Miní. Fueron demandadas judicialmente por la Empresa Puente Alto SA.

El legislador recordó en la sesión virtual que las propias familias de la Zona Centro-Norte realizaron con la Universidad Nacional de Misiones, un registro. Determinó que más de 400 personas viven y producen en una superficie aproximada de 12.500 hectáreas. «Y sufren la presión judicial de la Empresa Puente Alto, con domicilio en Buenos Aires, que las demandó por intrusión y ocupación ilegal», cuestionó.

«Lo que sucede con estos campesinos es una injusticia. En toda la zona se conoce la historia de las familias, y el Estado Provincial también cuenta con información. Porque muchas de ellas fueron censadas en la etapa de la sanción de la Ley de Colonización y Arraigo», aseveró Páez.

Esa es una zona productora de productos frescos. Gran parte de la carne que se consume en Bernardo de Irigoyen y Pozo Azul proviene de esas familias. «Sufrieron atropellos que condenamos, y en los que fueron golpeados adultos mayores». Advirtió que hace unas semanas las Fuerzas de Seguridad hicieron un operativo con guardias armados contra estas familias. El Municipio de Bernardo de Irigoyen sancionó una Ordenanza expresando su repudio y preocupación por la situación, y declaró de interés esas tierras. Solicitó que se activen las medidas necesarias para la solución definitiva; y la titularización de las tierras a nombre de las familias que residen ahí desde hace dos generaciones.

«Es necesario reparar esta injusticia»

Frente a esta crítica situación, el Bloque de Diputados del PAyS, solicita que se arbitre de manera urgente la gestión del Estado provincial, mediante un relevamiento completo de todas las familias con información fehaciente. No sólo de su situación productiva, sino catastral de los lotes, con el objetivo de identificarlos y buscar una solución.

«Quizás la solución deba ser negociada con los empresarios que alegan contar con los títulos de propiedad de esas tierras. O también reconociendo y reparando esta injusticia contra las familias que habitan en esas chacras, ahora bajo la amenaza de ser despojadas de sus tierras que es su medio de vida».

Como ejemplo, Páez comentó la situación de Valter Cerpa, un productor de 65 años cuya familia original vive desde hace más de 60 en ese lugar, y en el que habita, produce, construye una vida honesta y de trabajo en la chacra y hoy sufre atropellos. Y la andanada judicial de la empresa que intenta disfrazar y soslayar los derechos de los campesinos considerados como legítimos propietarios. El Estado debe reconocer la regularización de sus tierras», señaló el autor del proyecto.

Vigencia de Ley de Suspensión de Desalojos

El diputado agregó que el relevamiento completo sería un primer paso para iniciar el proceso de regularización de las tierras.

Recordó además, que está en vigencia la Ley Provincial XII-28, por la que se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2021, las ejecuciones de sentencia de desalojos o remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar. También a producción agropecuaria, cuando se verifica una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, sean éstos fiscales o privados.

Reunión de autoridades con productores 

Hace unos días se realizó en el predio de la Escuela del Paraje Piray Miní, una reunión con productores de la Ruta 18, y autoridades. Estvieron el intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández; la subsecretaria de Tierras Privadas y Colonización, Sonia Mello; el coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) Misiones, Adriano Matter; los concejales de Bernardo de Irigoyen, Ricardo Javier (PAyS), Mercedes Lenz, Fabricio Ríos y Lola Borges (FR). 

También estuvo el diputado Jorge Páez, el abogado José Luis «Cachorro» Fuentes; el tesorero de la Municipalidad de Pozo Azul, Valdemar Muller y los ediles, Guillermo Da Silva y Hugo Gauna.

Se comprometieron a trabajar en conjunto «defendiendo derechos de las familias que poseen la tierra desde hace más de 20 años». La titular de Tierras pidió que se empadronen en el IPRODHA todos los que viven en las tierras en conflicto, para frenar el desalojo, hayan recibido la notificación judicial o no. Y con ese objetivo se comprometió a gestionar la oficina local de Iprodha de Bernardo de Irigoyen.

La SAFCI puso a disposición sus técnicos de la zona, para que acompañen la realización del censo que está previsto para mediados de mayo, con la Subsecretaría de Tierras y representantes de la empresa y de los productores.

Y se decidió elevar una nota al Ministerio de Gobierno para denunciar la situación de hostigamiento y la falta de respuestas de la policía local.

FUENTE: PRENSA PAYS