SEPARAN AL DIRECTOR DEL BOP 89
Pasó casi un año desde que la justicia de Puerto Iguazú ordenó la prohibición de acercamiento del director a la docente. Alejandra lo denunció por violencia de género, acoso y amenazas. Ante la decisión de la justicia, en lugar de separar de su cargo al agresor, lo hicieron con la víctima. Por resolución, el CGE reubicó a la docente en otra escuela, y el director siguió al frente de la institución.
Alejandra tuvo que iniciar tratamiento psiquiátrico ya que la violencia que sufrió le provocó un gran impacto en la salud mental. Y recurrió al Semab-Cea, luego de renunciar a la UDPM, sindicato en el que no encontró amparo ante la injusticia que estaba sufriendo.
«La única que te puede ayudar es Mariana», le dijeron. Y a ella recurrió. El Semab inició las acciones de manera inmediata, en el marco de las acciones que desarrolla contra la violencia laboral. Es que ante una denuncia tan grave y pese a la orden de la justicia, sacaron de la escuela a la víctima y siguió en su cargo el victimario, como si nada pasara.
No contento con eso, el hostigamiento llegó al límite este mes, cuando Alejandra se encontró con que no le pagaron el sueldo del BOP 89. El director, acusado de violencia de género y laboral, resolvió directamente no pagarle. Es decir, fue más allá y afectó directamente su derecho como trabajadora, desconociendo el carácter alimentario del salario.
El Semab volvió a accionar, y además la fiscalía correspondiente ratificó la denuncia y requirió acción formal por el delito de amenazas. En ese marco, finalmente el CGE resolvió, después de 8 meses de iniciado el sumario, separar del cargo y reubicar al acusado por violento Ariel Lamera.
El salario
Ante esta situación, el sindicato que conduce Mariana Lescaffette intimó al Consejo al «pago inmediato e íntegro de haberes» y solicitó que arbitre medidas administrativas contra la violencia de género.
Solicititó que «se haga efectivo el pago de los haberes de marzo correspondientes a las horas del BOP 89». Explica que «fueron reintegrados sin ninguna causa por parte del director Ariel Osvaldo Lamera.
Recuerda que la reubicación provisoria de Alejandra Schlesinger en la EPET 4 se dispuso a raíz de la medida del Juzgado N°3 de Puerto Iguazú contra Lamera de prohibición de contacto y acercamiento a la docente por ejercer violencia de género.
En el requerimiento dirigido a Alberto Galarza, el SEMAB insiste con la urgencia del trámite iniciado hace 8 meses pidiendo separación del cargo de Lamera y restitución de la docente. Explica la gravedad de la situación, agravada por la «falta de celeridad, estando por ello en juego la integridad de nuestra representada».
Finalmente entonces, el Consejo General de Educación resolvió lo que debería haber hecho desde un principio: separar al victimario y no a la víctima. De ese modo se hubiera evitado que hoy la docente tenga que estar reclamando porque se llegó al extremo de no pagarle el sueldo, con una nueva revictimización.
