PENSIONES POR DISCAPACIDAD
Según informó el funcionario, elevó la nota presentada por la Ministra de Derechos Humanos a Juan Gutiérrez, gerente de la Agencia Nacional de Discapacidad que es quien debe decidir al respecto. Aclaró sin embargo que se da una suerte de «prórroga de hecho» siempre y cuando la gente se presente al hospital y allí le digan que no cuentan con los recursos para hacer el certificado médico oficial. El funcionario transmitió tranquilidad respecto a que no va a caer ningún beneficio hasta tanto se aclare cada situación particular. «Estaría bueno que desde Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo promuevan que la gente vaya y haga el trámite, no solamente se queje que no puede». Señaló que este proceso de regularización va a redundar en beneficio de quien merece tener una pensión por discapacidad. «Todos sabemos que hay muchas pensiones truchas, en tres años ya se dieron de baja un montón» .
El Ministerio de Derechos Humanos de la provincia junto a la Defensoría del Pueblo de Posadas presentó una nota en la que solicita que no se haga efectiva la resolución que exige el nuevo certificado médico oficial hasta tanto no se garantice el acceso real de los discapacitados a la gestión documental electrónica. Señala en la nota la preocupación del Ministerio ante «la dificultad de acceder a este beneficio, ya que se trata de personas que poseen algún tipo de discapacidad, con las limitaciones que ello conlleva, el hecho real de que nuestra Provincia tiene amplias zonas no urbanizadas y cuenta con zonas de fronteras que limitan varias localidades, y a ello se le suman las dificultades de conectividad. Asimismo la imposibilidad de contar de forma efectiva con médicos que pudieran cumplir con los fines establecidos en la mencionada Resolución, toda vez que la Provincia de Misiones actualmente no cuentan con personal médico suficiente porque diversos programas como el de médicos comunitarios y los programas relacionados a la ley de salud mental fueron suprimidos; nos preguntarnos de qué modo las personas damnificadas podrán acceder al ejercicio efectivo de sus derechos.
Señala además la nota enviada a Anses que «la misma discapacidad muchas veces hace que no sepan leer o escribir o se encuentren impedidos de hacerlo; sin mencionar las condiciones de vulnerabilidad socio económica en que viven».
