YACYRETÁ Y URUGUA-Í: INVOLUCRAN AL GRUPO MACRI EN LA MAYOR DEFRAUDACIÓN DE LA HISTORIA
Antonio Casabona detectó y denunció las maniobras fraudulentas hace 28 años, y recién el 4 de octubre llegarán a juicio en el Tribunal Oral 4. La causa conocida como «Monumento a la Corrupción» alcanza los 191 millones de pesos. Los acusados son tres empresarios: Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo. El denunciante tiene hoy 82 años y debió esperar seis jueces hasta lograr que la causa llegara a un juicio. “Ahora, a los 82 años, espero encontrar un resultado que reivindique mi lucha con tanto dolor porque tengo hijos y nietos», le contó Casabona a la colega Catalina D’Elía, editora de Judiciales del portal de A24. Casabona vincula la construcción de dos represas, Yacyretá y Urugua-í, por un mismo modus operandi, un mismo «dibujo» multimillonario para cobrar reembolsos.
Escribe la Catalina D’Elía: «Su lucha se remonta a 1987 cuando la empresa Sideco americana, del Grupo Macri, ganó la licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica de URUGUA-I. Antonio fue quien hizo el cálculo del costo impositivo de la misma. Es también quien detectó y luego denunció maniobras fraudulentas en la represa Yacyretá para el cobro indebido de reembolsos impositivos del 15% en cuanto al hormigón utilizado para la construcción, y del 25% sobre los neumáticos utilizados en la obra entre el 15 de enero de 1990 y el 8 de noviembre de 1999.
Esto no contaba con respaldo normativo ni documental, habiéndose aprovechado, a tal fin, de lo previsto en la ley de beneficios impositivos 20.852. Es decir, utilizaban productos extranjeros más baratos, los nacionalizaban y cobraban los reembolsos. Las maniobras quedaron documentadas en los certificados de reembolso, facturas y expedientes.
Los artífices de los reembolsos fraudulentos eran Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la firma que se encargó de gestionar los reembolsos impositivos que podía cobrar la constructora de la represa UTE ERIDAY (Empresas Reunidas Impregilo Dumez y Asociados para Yacyretá); Robert Jacques Ortega, gerente administrativo del consorcio constructor en representación de Impregilo, el socio mayoritario; y Gianfranco Rizzo, ejecutor de la obra en su carácter de gerente general y representante legal del consorcio constructor».
Este es el diálogo con Catalina D’Elía:
¿Cuándo hizo la denuncia y por qué?
Año 1987 la empresa Sideco Americana, del grupo Macri, gana licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Yo fui el que hizo el cálculo del costo impositivo de la licitación. Empecé a encontrar una oposición tremenda, el cobro indebido de reembolsos impositivos. Eso terminó con mi apartamiento, a través de la intermediación del responsable del área financiera – actual intendente de Lanús – Néstor Grindetti. Me di cuenta que me separan para poder llevar adelante el modus delictivo, que contradecía mi forma de trabajar. Esto me llevó a hacer la denuncia
¿Y el rol del Estado?
El rol del Estado fue el de formar parte de una inconcebible corrupción: no controlaron y dejaron prescribir la acción penal. Por ejemplo, la AFIP.
¿Cuál era la maniobra?
Cuando se hace un certificado de reembolso, hay que acompañar con la factura del proveedor especificando la naturaleza del bien sobre el cual se va a pedir el beneficio. Esa factura era confeccionada por el propio beneficiario. Nadie controlaba esto.
De hecho, quien fue subsecretario de Industria y Comercio, Miguel Ángel Cuervo, fue condenado, en una causa aparte, por el delito de defraudación por siete generadores italianos (Ansaldo sociedad anónima) usados en la construcción de la represa Yacyretá que los hicieron pasar por nacionales. Acá robaron todos.
De aucerdo con el artículo, «los artífices de los reembolsos fraudulentos eran Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la firma que se encargó de gestionar los reembolsos impositivos que podía cobrar la constructora de la represa UTE ERIDAY (Empresas Reunidas Impregilo Dumez y Asociados para Yacyretá); Robert Jacques Ortega, gerente administrativo del consorcio constructor en representación de Impregilo, el socio mayoritario; y Gianfranco Rizzo, ejecutor de la obra en su carácter de gerente general y representante legal del consorcio constructor «.
La empresa Sideco Americana, se reitera, pertenecía al Grupo Macri. Y el responsable del área financiera era Néstor Grindetti. Según Casabona, Grindetti es quien lo apartó de la empresa «para poder llevar adelante el modus delictivo».
FUENTE: LA UNIÓN DE LANÚS
