15/06/2019 | Categorías: Destacadas, Provinciales

PRESENTACIÓN JUDICIAL POR FAMILIAS AMPARADAS POR EL RENABAP EN CHACRA 239

En la chacra 239,  ubicada en Monseñor de Andrea y Calle 104, de Posadas, viven alrededor de 13 familias que son hostigadas reiteradamente con amenazas de desalojo, aún cuando fueron relevadas por el Renabap y están protegidas por la Ley Nacional de Regularización Dominial para la Integración Urbana.
El último intento fue el 12 de junio pasado, cuando el juez de Instrucción 2, Fernando Verón omitió la Ley Nacional que resguarda a las familias. “El desalojo es ilegal, pediremos la suspensión y una mesa de diálogo”, señaló la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lila “Tiki” Marchesini, quien acudió al lugar, y logró una prórroga.
Pero este sábado nuevamente irrumpieron en la chacra, funcionarios policiales por orden del juez Verón, para notificar a las familias con niños, niñas, mujeres embrazadas y ancianos, que tienen una prórroga de diez días hábiles para desalojar el predio.
Al llegar, el personal policial se encontró con abogadas del Ministerio de DDHH, entre ellas la doctora Gabriela Ramírez; personal de la Defensoría del Pueblo de Posadas, y cientos de militantes del Partido Agrario y Social, del Movimiento Evita, Barrios de Pie y Techo, acompañando a los vecinos que están desesperados por su destino incierto, aún cuando están amparados por la Ley Nacional de Regularización Dominial para la Integración Urbana.
Se realizó la notificación y se labró un acta de procedimiento en disconformidad con la medida. Las asesoras legales de DDHH, reiteraron la ilegalidad de un posible desalojo.

La Ley dispone suspensión de desalojos  
Hace unos días, los referentes de las organizaciones sociales como Movimiento Evita, Barrios de Pie y Techo -quienes realizaron el relevamiento de barrios populares-, hicieron una presentación al Juzgado de Instrucción Nro 2, a cargo del juez de instrucción, Fernando Verón, solicitando que habiendo tomado conocimiento de un desalojo que tramita en la causa Juana Pereira, Roberto Venacor, José Martínez, Tamara Ferreira, Ramón Santos, Patricia Rodríguez Dos Santos, Mónica Ávalos, Laura Paredes, Claudia Paredes y Gladys Paredes, entre otros, por usurpación, se hace saber que las familias que ocupan el inmueble en cuestión, habitan el barrio chacra 239 inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), oficializado por el Decreto 358/2017.
Además, está incorporado dentro de la Ley Nacional N° 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
“Dicha Ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los inmuebles donde se encuentran los barrios del Registro. Además, en su artículo 15 dispone la suspensión de todos los desalojos”, recuerdan el secretario general del Movimiento Evita, Martín Sereno, el coordinador de Barrios de Pie, Fabricio Tejerina, y el director general de Techo, Juan Ignacio Rojo.
El texto del artículo indica que “se suspenden por el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia la presente Ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Renabap, tanto los sujetos a expropiación, como los de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público”.
A partir de lo expuesto “solicitamos se abstenga de ordenar la medida de lanzamiento por aplicación de la norma nacional de orden público mencionada”. A esta presentación, se sumó otra, con la firma de la coordinadora regional del Renabap, Rosario “Charo” López del Valle.

Falta capacitación en leyes que protegen a las familias 
El diputado Martín Sereno (PAyS) considera que la Ley sancionada en el Congreso de la Nación y en la de la Legislatura Provincial, siguen sin ser respetadas, porque “nuevamente nos encontramos con una amenaza de desalojo, donde la Justicia que pasa por encima del Poder Legislativo provincial y nacional, ya que en la chacra 239 siguen hostigando a las familias que están inscriptas en el Renabap; tienen su Certificado de Vivienda Familiar emitido por Anses, y están contempladas por la Ley Provincial de Suspensión de Desalojos y amparadas por la Ley de Registro Dominial Urbano”.
El legislador remarcó que por ese motivo, presentaron al Juzgado de Instrucción, una nota firmada por las organizaciones sociales, incluyendo parte de la ley, y también lo hizo el Renabap como institución nacional desde Jefatura de Gabinete, y su representación nacional.


“La nota al Juzgado es para recordar que existen leyes sancionadas, nacionales y provinciales que la Justicia no respeta. Este año en la Cámara de Diputados presentamos un Proyecto de Comunicación para capacitar al Poder Judicial por todos los desalojos y amenazas que hubo durante el 2018, vulnerando las leyes. Creemos que de esa manera se podrá conocer profundamente la ley, harán lugar y se terminará la expulsión de las familias a la calle”, dijo Sereno.
Reiteró su preocupación por estas situaciones, “estamos en contacto con las familias de la chacra 239; el Juzgado ya está al tanto de que están amparadas por el Renabap. Sólo esperamos que se acate la ley, porque si la Justicia no lo hace es un verdadero despropósito, pero vemos que está sucediendo continuamente”, cuestionó el legislador reelecto del FPAyS.

AFUENTE: PRENSA PAYS

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