LEY DE ALQUILERES
CRÓNICA DE UN DICTAMEN PELEADO
Después del último fracaso de la reunión de la Comisión de Legislación por la ausencia del oficialismo, finalmente ayer se logró el dictamen de la Ley de Alquileres. Después de 4 años de intentos frustrados, desde Inquilinos Agrupados celebraron el dictamen, pero advirtiendo que se trata de un «piso» de derechos conquistados, a partir del cual seguirán luchando por lo que falta.
La reunión de Comisión se desarrolló con la presencia de numerosos representantes, tanto del sector inmobiliario como de los inquilinos y delegados de edificios, hoteles y pensiones. Federico López Castromil, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, abrió la ronda de oradores con una suerte de «10 mandamientos» y de cuestiones que «no se discuten». Celebró haber llegado a un acuerdo, sobre todo en lo atinente a no innovar respecto al pago de comisiones, cuestión que deberá resolver cada provincia, ya que es un tema que atañe a los ingresos y a la existencia misma del corretaje inmobiliario. Señaló que los propietarios son «argentinos que se rompen el lomo, por lo que hay que pensar en incentivos», desconociendo la gran concentración de numerosas propiedades en pocas manos que se registra por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. De igual modo destacó el carácter alimentario de los ingresos que reciben las inmobiliarias, y que forman parte de la dignidad de la profesión. Calificó de «desastrosa» la instrumentación de la Ley de Alquileres en CABA, que obliga a los propietarios y no a los inquilinos, a pagar la comisión de las inmobiliarias. Según su perspectiva la consecuencia de la ley fue la salida del mercado de numerosos inmuebles. «No sirvió para nada esa impresentable ley, sólo sirvió para su horrible ejemplo de inconstitucionalidad», expresó el inmobiliario.
Luego fue el turno de Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, organización que motorizó justamente la sanción de la aludida ley en la Ciudad de Buenos Aires que alivia a los inquilinos del pago de la comisión. Impulsor del tratamiento de esta ley en el Congreso, reseñó el derrotero de la iniciativa a través de 4 años en que obtuvo media sanción, luego se dejó caer el proyecto, se retomó con modificaciones, y finalmente se llega a esta instancia. Celebró que se busque la regulación del precio de los alquileres a través del estado y que se ponga límites a los abusos del mercado inmobiliario. «Lo que ha sucedido en materia de viviendas en estos últimos 4 años es realmente trágico para los que viven en la calle, para los que fueron estafados con créditos UVA, para los que alquilan en hoteles, en pensiones, y para los que aún tienen el privilegio de alquilar en el mercado formal, teniendo que cumplir un montón de requisitos que impone el mercado de forma unilateral. Destaco la importancia de que el plazo de alquiler tenga un mínimo de 3 años, sabiendo que en otros países se legislan plazos mínimos de 5 y 7 años. Destaco también la importancia de algo que no debería ni siquiera discutirse: el registro de todos los contratos en AFIP, en un mercado profundamente evasor. ¿Alguien conoce algún inquilino que tenga factura por el pago de alquiler?», disparó.
«Hablo por 9 millones de inquilinos que en Argentina ya no saben cómo seguir pagando el alquiler. Cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Esta ley es el reinicio de la intervención del estado en el acceso a la vivienda. Argentina siempre tuvo regulación del precio de los alquileres, pero en la última dictadura se desreguló, se dolarizó, y el mercado inmobiliario pretende rentabilidad en dólares», finalizó Gervasio Muñoz.
De un lado, los inquilinos. Del otro, los inmobiliarios. Las mujeres inmobiliarias celebraron cada intervención favorable a sus intereses como la del diputado Pablo Tonelli del Pro, pidiendo que la indexación del precio de los alquileres se haga semestralmente y no de modo anual, como finalmente quedó establecido en el dictamen. Mostraron carteles alusivos a sus derechos y rezongaron ante las intervenciones favorables a los inquilinos.
El diputado Adrián Grana señaló claramente que en el centro del debate hay una disputa de intereses. Pero aclaró: «una cosa es tener problemas de rentabilidad de un bien, y otra cosa es tener problemas por no saber dónde se va a vivir al día siguiente», celebrado con aplausos por los inquilinos.
Pero la que se llevó todos los aplausos fue la diputada Araceli Ferreyra que señaló «es necesario incluir la perspectiva de género en la cuestión del alquiler», pensando en la figura del alquiler social y en alusión a los numerosos casos de violencia de género. «La mayoría de las veces el violento es el propio marido, la mujer sale a buscar un alquiler y en medio de esa situación no puede cumplir con los requisitos», explicó. Y fue contundente al exigir que se convoque a sesiones antes del 30 de noviembre porque en ese plazo el dictamen perdería estado parlamentario. «Convoquen a sesiones, hagan una a favor del pueblo antes de irse», concluyó.
