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UN MODELO A SEGUIR

En la base de numerosos conflictos generados por la toma de tierras está la disputa entre 2 derechos: a la propiedad y a la vivienda digna. Sin embargo, el modelo de resolución en torno a este barrio del sur posadeño demuestra que ambos se pueden respetar.

La necesidad de un techo por parte de miles de familias argentinas es hoy innegable. Se estima que el déficit alcanza los 3,8 millones de viviendas. Mientras tanto, hay miles de hectáreas ociosas que con una perspectiva de derechos pueden tener un destino de justicia social.

Así lo entendió el gobierno provincial, a partir de gestiones iniciadas por los movimientos sociales que fueron los primeros en amparar a los vecinos y vecinas desesperados.

Las familias asentadas en esas tierras privadas son más de 100. No es que no quieran tener su «propiedad privada». La pobreza y la exclusión las empujaron a buscar una solución para su subsistencia. En ese camino, el diputado Martín Sereno, referente del Movimiento Evita, gestionó un ingreso para que las familias pudieran hacer frente a un pago mínimo.

Con el apoyo de Emilio Pérsico a nivel nacional se consiguió un cupo de 120 Potenciar Trabajo. De ese modo, sus titulares pueden pagar 3500 pesos por mes, que se debitan directamente de sus cuentas.

A través de la mesa de diálogo los propietarios aceptaron la venta de los lotes, a pagar de ese modo. Teniendo en cuenta que son alrededor de 100 familias, la sumatoria implica un interesante ingreso mensual. Toda la operatoria se realiza con la intervención del IPRODHA.

Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a destinar fondos para obras de infraestructura, como la construcción de un salón de usos múltiples. Y la municipalidad a realizar las obras de saneamiento.

La confluencia de los distintos actores hacen posible aportar un granito de arena en la solución de un gravísimo problema en Argentina. Y demuestra que con voluntad política se pueden conciliar los intereses de la propiedad privada con las necesidades de las familias que tienen derecho a una vivienda digna.