DestacadasEducaciónProvinciales

RECHAZAN RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

Diputados del PAyS presentaron un proyecto de declaración que rechaza la Resolución 241/24 del Consejo General de Educación. Considera que “atenta contra los derechos laborales de lxs trabajadorxs de la educación de la Provincia de Misiones». También «contra el derecho a la educación de las comunidades rurales en general». Es que ordena el bloqueo de cargos en los establecimientos que no cuenten con matrícula suficiente.

Por ello, solicitaron al CGE que deje sin efecto dicho instrumento legal en todo lo referente a la designación de personal suplente. También al bloqueo de cargos en los establecimientos que no cuenten con matrícula suficiente, de acuerdo a normativas vigentes.

El proyecto se presentó en la Cámara de Representantes este lunes con las firmas de los legisladores Cristian Castro y Blanca Alvez, del PAyS. 

La Resolución 241/24 del CGE es del 26 de febrero. En los fundamentos refieren que “pretende ser un instrumento legal de ajuste que traerá consecuencias nefastas para lxs docentes misioneros. En particular, para las comunidades rurales de la provincia de Misiones”.

Advierten que habilita al CGE a bloquear las plazas o vacantes “en aquellos establecimientos educativos en los cuales se observan cargos y/u horas cátedra que no condicen con la matrícula, de acuerdo a las normativas vigentes”.

“En otras palabras, si no hay suficientes alumnos a criterio del Consejo, no se designarán docentes en las escuelas rurales, unidades de gestión local y escuelas de educación intercultural bilingüe. La mayoría de ellas no cuenta con el número de alumnos que el gobierno considera dignos de acceder al derecho humano garantizado por la Constitución Nacional, la Provincial, los pactos internacionales y las Leyes”. Así lo advierten los diputados del PAyS.

Derecho a la educación

En el texto legislativo se detalla que en Misiones existen y funcionan alrededor de 500 establecimientos de educación en el ámbito rural. No responden a la cantidad de alumnos, sino a la necesidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de la escuela en todos los niveles. Tienen derecho a finalizar su educación obligatoria sin tener que alejarse de sus familias para hacerlo.

Según se observa, en muchos de estos establecimientos hay docentes que esperan la designación como suplentes desde hace años. Muchos de ellos están al frente de aulas con menos de 25 alumnos. Esa es, justamente, la característica distintiva de la educación rural.

En otros, no será la necesidad la que determine la obligatoriedad de garantizar el servicio educativo, sino el mayor número de alumnos. Se reduce el acceso al derecho a una simple cuestión de oferta y demanda.

“Esta Resolución no es un simple instrumento ordenador. Es toda una definición de una política pública de ajuste que no es muy distinta a la que adelantó en campaña el presidente Javier Milei. Señaló que, en su modelo, la escuela que no tenga suficientes alumnos deberá cerrar. ‘Entonces ese colegio no debería existir’ contestó cuando le cuestionaron que las escuelas rurales no cuentan con la cantidad de alumnos que sí tienen las urbanas. Se reduce el acceso a este derecho a una fórmula mercantilista y neoliberal. Hoy, el gobierno de Misiones acciona de la misma manera. Señala que ‘si no hay suficientes alumnos, ese cargo no debería existir’. Es casi literalmente lo que indica la resolución”, alertan Cristian Castro y Blanca Alvez en el proyecto.

Manifiestan que si se mantiene vigente esta normativa se cerrarán establecimientos. Los pueblos rurales quedarán sin servicio educativo. «La medida probablemente sea un éxito, aunque claramente iría en contra de los discursos que hablan de un Estado que garantiza la igualdad de todos sus ciudadanos”.

Expresan que el Consejo de Educación aducirá que se contemplarán las excepciones “en caso de que sea estrictamente necesario el desbloqueo de una plaza”, tal como lo indica la Resolución en su artículo 9.

Sin embargo, cuestionan los legisladores, “es tan arbitraria y subjetiva la determinación de la real necesidad, y es tan claro que el único dato objetivo será el número de alumnos, que en el artículo 10 proceden a amenazar a los directivos que soliciten la continuidad de la designación del personal suplente ‘bajo apercibimiento de que su infundada solicitud sea pasible de sanciones’ y hasta cobrarles a ellos lo que se haya pagado al docente sin el instrumento legal de designación”.

“Los docentes de la provincia de Misiones están en alerta y se han manifestado en repudio del instrumento legal que tantas implicancias acarrea. Señalan que la Resolución 241/24 “atenta contra los derechos laborales de los trabajadores, por menoscabar el derecho social a la educación perjudicando a miles de estudiantes y sus familias, por tener nefasto criterio de racionalización de recursos que deberían reorientarse hacia los lugares que son un agujero negro de la educación”, según expresa el documento emitido por la asamblea del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, reunida el 29 de febrero”, se concluye en los fundamentos del proyecto de Resolución.

PRENSA PAYS