PIRU GÓMEZ EN LA LISTA DE ESPIADOS ILEGALMENTE
Jorge Beningno Gómez, asesor del Centro de Empleados de Comercio y exconcejal de Posadas, figura en la lista de víctimas de espionaje ilegal por parte de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia fue presentada por Cristina Caamaño ante el juzgado de Martínez De Giorgi. Incluye a los 400 periodistas que solicitaron acreditación para la Cumbre del G-20 en 2018, y a organizaciones sociales, sindicales y académicas que cuestionan el orden económico actual.
«Muy feo. Es terrible. Todavía estamos consternados», dijo Gómez a La Otra Campana. «Por mis actividades académicas en la Universidad de Tres de Febrero, y haber participado en las reuniones de la OMC y el G20 en favor de un comercio justo y el Trabajo Decente, he sido víctima de espionaje del gobierno anterior».
El caso es que Piru Gómez cursaba una Maestría en esa universidad del conurbano bonaerense y participa del Instituto del Mundo del Trabajo «Julio Godio». Según señala la denuncia presentada por Caamaño, hay 67 fichas de inteligencia ilegal sobre integrantes de distintas organizaciones. Pero de quienes se ocupan en especial es del Trasnational Institute y del IMT, grupos vinculados con la UNTreF, «como si se tratara de una organización clandestina».
Según señala Página 12,»Gerardo Codina, Jorge Benigno Gómez, Alberto Robles, Sofía Scassera, Francisco Cantamutto, Federico Wahlberg y, especialmente, Luciana Ghiotto son objeto de un informe secreto de varias páginas acerca de su actividad gremial y sus posiciones políticas. Por ejemplo, de Cantamutto y de Wahlberg, que pertenecen a la organización Sociedad de Economía Crítica, destacan: «Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página 12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio».
La denuncia que ya obra en la justicia es por «producción de inteligencia ilegal», no autorizada por ningún juez, sólo dispuesta por la AFI en connivencia con el Ministerio de Seguridad.
REPUDIO DE LA UNTREF
La Universidad Nacional de Tres de Febrero en tanto, expresó su «máximo repudio y solidaridad con las víctimas del espionaje ilegal realizado durante la gestión del gobierno anterior sobre académicos, dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales entre los que se encuentran docentes e investigadores de esta casa de estudios».
Señala más adelante que estas prácticas deben ser repudiadas por toda la sociedad, y que «recuerdan un oscuro pasado que identificó a los intelectuales universitarios con personas que debían ser vigiladas, perseguidas y castigadas.»
El comunicado incluye el respaldo institucional y lleva la firma del rector Aníbal Jozami y del vicerrector Martín Kaufmann.
EL ESPIONAJE ILEGAL
El trabajo realizado por la AFI vulnera el artículo 4 inciso 2 de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
Según la denuncia de Caamaño, «eso se observa en el caso de las fichas elaboradas sobre periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se anotaron para el G-20. Pero, en verdad, fue todavía más profundo el espionaje realizado sobre los representantes de las organizaciones inscriptas para participar de la cumbre interministerial de la OMC, unos meses antes».
Agrega que «en esas fichas, además de la foto de cada uno, se agregan capturas de su actividad en Internet, incluyendo fotos de su familia y de sus amigos. Pero va mucho más allá de las redes sociales. Por ejemplo se detallan datos personales (personas que habitan el domicilio a su nombre, pasaporte, obra social, vínculos familiares, teléfonos), datos laborales, bienes personales (automotores), situación financiera (bancos con los que opera), cuentas de mails (particular e institucional), capturas de apariciones en medios con opiniones sobre la coyuntura».
