11/03/2021 | Categorías: Destacadas, Salud

¿LO INSTIGARON AL SUICIDIO?

Ante la reciente muerte de Federico Gómez en Puerto Rico, una organización solicitó al juez que investigue la "terapia de conversión" como instigación al suicidio.

La Organización 100% Diversidad y Derechos solicitó al juez Leonardo Balanda Gómez, que contemple en la investigación el prejuicio a la orientación sexual del joven. Este sería un elemento central del posible sometimiento a una “terapia de conversión”, y la consecuente instigación al suicidio de quien podría haber sido víctima. 

Pidieron también al magistrado la asistencia técnica en la temática, a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra mujeres y personas LGBTI+ (UFEM). Es para coadyuvar en la instrucción de la causa.

Gómez falleció el 19 de enero de 2021 en Puerto Rico, en una situación todavía no aclarada. Algunos familiares aseguraron que padecía persecución, hostigamiento y discriminación por parte de Testigos de Jehová, culto del cual participaba; pero que en el último tiempo había dejado de frecuentar. 

Según sus allegados, integrantes de Testigos de Jehová lo citaron a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”. La referencia era a la orientación sexual del joven, contraria a la esperada por la iglesia. Esa “citación” escrita circuló por redes sociales y medios de comunicación.

Prácticas obsoletas de “conversión”

El director ejecutivo de la organización, Ricardo Vallarino, consideró que esto “constituye el fenómeno denominado ́terapias de conversión ́. Son intervenciones basadas en la creencia de que la orientación sexual, puede y deben cambiarse; o reprimirse cuando no se ajusta a las expectativas hétero y cisnormadas”.

Vallarino, explicó que el objetivo de esa práctica es convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas trans o de género diverso en cisgénero.

Desde la entidad defensora de los derechos humanos plantearon que estas prácticas fueron objeto de análisis de distintos organismos internacionales. 

Terapias que vulneran los derechos humanos

Francisco Cotado, del área jurídica de la organización, destacó que “hay personas que son sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos; internadas en clínicas o campamentos y víctimas de abuso físico”. Indicó que así lo indica el Informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Lo publicó en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Resaltó, que la CIDH señala que estas terapias son “dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces. Representan una grave amenaza a la salud, vulneran los derechos humanos de las personas afectadas y podrían constituir una forma de tortura”.


Advirtió sobre el rol de los grupos religiosos en este tipo de ataques contra personas LGBTI+, particularmente dirigidos contra hombres gay jóvenes.


“Hostigamiento por su orientación sexual”

El activista Jorge Víctor Ríos, expresó que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ en la provincia. Porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual. Se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento, por parte de grupos religiosos. Lamentablemente este tipo de situaciones son comunes en la provincia. Especialmente en las localidades del interior, donde las creencias religiosas tienen mayor influencia en la vida comunitaria e incluso las
instituciones del Estado”.

Reclamaron que en casos como éstos, se investigue teniendo en cuenta esta perspectiva para asegurar que se llegue a la verdad y eventualmente se sancione a los eventuales responsables.

Ríos entiende que el caso de Federico no puede quedar cerrado con dudas respecto a las responsabilidades en torno a esta muerte, como tampoco sobre prácticas homofóbicas ni hostigamientos.

Finalmente, desde 100% Diversidad y Derechos sostienen que “el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes cometidos contra las personas LGBTI+ como un componente esencial del acceso a la justicia, derecho indispensable que los Estados deben garantizar en su cumplimiento de la obligación internacional de responder con “debida diligencia a las violaciones de derechos humanos”, indicaron.

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