¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EDUCACIÓN?

El Sindicato de Educadores Misioneros denunció al presidente del Consejo General de Educación por posible tráfico de influencias. Estima que Alberto Galarza se valió de su cargo de funcionario público para generar un beneficio para sí mismo y personas elegidas por él.

El sindicato que lidera Mariana Lescaffette presentó este lunes una carta al presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza. En ella denuncia que existió tráfico de influencias y discriminación en la manera que el funcionario implementó para otorgar certificados por capacitaciones a lxs docentes.

El tráfico de influencias es un delito tipificado en el Código Penal Argentino. Se constituye cuando un funcionario se vale de medios corruptos para alcanzar una finalidad buscada.

El sindicato expone en la nota que Galarza “aprobó y auspició” capacitaciones docentes aranceladas. Se dictaron en la provincia de Santiago del Estero a través de resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones. Son capacitaciones que ya poseen código QR implementado a fin de acreditar identidad y valoración en la Junta de Clasificación y Disciplina.

Consideran que el presidente del CGE incurre en tráfico de influencias. Es decir, utilizaría la información a la que sólo él tiene acceso “para usufructuar de la misma en beneficio suyo y de los terceros que considere”.

Los hechos

El Semab fundamenta su declaración alegando que “la Resolución N° 123 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones. El 01/07/22 aprobó y auspició el Segundo Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías «Desafíos y posibilidades en los escenarios actuales». Se llevó a cabo el 1 y 2 de julio de 2022, en modalidad presencial y virtual, en el nodo tecnológico de La Banda- Santiago del Estero. Lo organizaron la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
Santiago del Estero y CyT Consultora, a solicitud del Director General del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones”.

Asimismo “la Resolución 242 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, del 09/08/23, aprobó y auspició el III Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías. Desafío y Posibilidades en los escenarios actuales, realizado el día 28/04/23 en la Provincia de Santiago del Estero. Fue a solicitud del Director General del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones”.

Afirman que “estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad. Permite la carga inmediata del certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones. También el acceso a la valoración docente respectiva”.

Seguidamente, expuso que “la Resolución 242 aprueba y auspicia un congreso donde se difunde la participación gratuita. Sin embargo para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder. Uno de los requerimientos del Ministerio es no promocionar las capacitaciones antes de la respectiva resolución. En este caso, la resolución es posterior al congreso”.

Práctica desleal

El Semab también sostuvo que “se constituye en práctica desleal hacia el Semab-CEA. Habiendo presentado y cumplido todos los requisitos, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas el año 2022. Se reclamó por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados por su parte, formalmente a esta parte”.

En Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab-CEA con otras instituciones reconocidas a nivel nacional. Pero ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el Presidente del CGE dictados Santiago del Estero con un arancel de $3.000. El importe debe ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración.

Agregan que “los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en septiembre 2022, vieron el impacto en su legajo el mismo día del ingreso”.

Añaden que «el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema SIRyC. Otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, aranceladas, en Santiago del Estero. Mientras, en Misiones recién este año se puso a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación. Lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”.

Discriminación laboral

Por el contrario, los cursos realizados en 2022 en convenio con el Instituto Freire, a la fecha no fueron acreditados ni valorados por la Junta. El Semab- CEA entiende que esta falta de reconocimiento constituye una discriminación laboral. Los cursos solicitados por el Presidente del CGE “son los únicos reconocidos y valorados por dicha Junta el mismo día que se presentan”.

A su vez, “el Presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR). Y la utiliza en beneficio propio o de terceros. Esto perjudica gravemente tanto a esta entidad gremial como a lxs docentes que no fueron oportunamente valoradxs. Pierden así la posibilidad de acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”.

Tráfico de influencias

También consideró “que esta práctica es ilegal y, en principio, condenable éticamente. Pero que también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados. Se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina tráfico de Influencias en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.

Finalmente, en la nota presentada, también se expresó que el presidente del CGE “incurre en tráfico de influencias”. Argumentan que “se aprovecha del ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros. Esto atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”.

Tras lo expuesto, el Semab-CEA solicitó un informe de la situación planteada. Que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR. El fin es que que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad. Accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole.

FUENTE: PRENSA SEMAB-CEA