13/02/2020 | Categorías: Destacadas, Nacionales, Política, Provinciales

OBERÁ: CAPITAL ALTERNA

Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación un proyecto para declarar “capitales alternas” a ciudades consensuadas en todas las provincias argentinas, además de iniciar el proceso de relocalización de organismos nacionales.

La iniciativa responde a una promesa de campaña, y las ciudades fueron propuestas por los gobernadores, como el caso de Oberá para la provincia de Misiones.

La decisión avanza en el sentido de hacer efectivo lo que determina la Constitución Nacional, pero nunca se puso en práctica. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín hubo un proyecto de trasladar la capital administrativa del país a Viedma-Carmen de Patagones que nunca se concretó.

El proyecto señala que “De acuerdo con el principio fundamental del federalismo, todas las provincias deben hallarse en igualdad de
condiciones. Sin embargo, una de las características de nuestro país es, justamente, la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones. Dichas asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación. (…) Asimismo, es necesario lograr un desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas y que favorezcan un genuino proyecto en común para todos los habitantes de nuestro país. (…) Al mismo tiempo debemos acercar el Gobierno Nacional a las realidades de las diversas jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales”.

El propósito es iniciar un proceso de reversión de las profundas desigualdades que existen entre las diversas regiones de nuestro país. Por eso se señala en el proyecto que “el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha llevado adelante un proceso de diálogo con las autoridades provinciales y ha consensuado que determinadas ciudades sean jerarquizadas mediante
su declaración como “CAPITALES ALTERNAS”.
La declaración propiciada no tendrá un mero alcance simbólico, sino que redundará en un reposicionamiento de las ciudades elegidas en términos de su rol en la vida política y la gestión administrativa de nuestro país.”

Se determina también que todo el proceso de traslado a cada una de las capitales alternas será monitoreado por el Jefe de Gabinete de Ministros, con la aclaración fehaciente de que las reuniones serán no solamente con las autoridades provinciales sino también “con trabajadores, trabajadoras,
empresarios, empresarias, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, etc.. Las reuniones deberán celebrarse con una periodicidad no mayor a los TREINTA (30) días entre una y otra y su plan de trabajo deberá abordar problemáticas específicas de la provincia donde se lleven a cabo, a fin de coadyuvar a implementar políticas públicas necesarias para promover la descentralización territorial”.

DESCENTRALIZACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS

En el proyecto de ley se avanza también en el objetivo de “la relocalización y/o instalación en territorio provincial, de las sedes centrales o las delegaciones de diversos organismos y entidades del Sector Público
Nacional.”

Sabido es que la gran mayoría de organismos públicos nacionales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Esto implica que sectores específicos como el tabacalero tengan que atenerse a decisiones tomadas a miles de kilómetros, muchas veces por funcionarios que desconocen los procesos de producción. Por eso se establece en el proyecto que “determinados organismos del “Sector Público Nacional” definidos en el artículo 8°
de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, cuyas competencias condicen con las particularidades demográficas, culturales, sociales, económicas y productivas de las provincias argentinas, puedan instalar su sede central fuera de la ciudad declarada Capital. La actuación del Sector Público Nacional en sus funciones ejecutivas desconcentradas en todo el territorio de la República, potenciará las mutuas fortalezas del accionar local y federal y permitirá revertir las actuales tendencias de concentración y polarización demográfica y espacial, al tiempo que estimulará el desarrollo del territorio en forma más equilibrada”.

Finaliza el proyecto señalando que “Esta iniciativa se propone proveer a la prosperidad del país, al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social y al desarrollo igualitario de las provincias, tal como manda nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Es necesario un federalismo cooperativo y horizontal en el que las Autoridades Nacionales y Provinciales actúen mancomunadamente como representantes de un mismo pueblo y que, en consecuencia, este no debe ser más que el primer paso en un nuevo modo de entender la relación entre el Gobierno central y las Provincias, basado en la equidad y el trabajo conjunto”.

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