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A LA JUSTICIA POR RODRIGUEZ

Marcelo Rodríguez renunció luego de que se hicieran públicos chats que daban cuenta de favores sexuales a cambio de contratos en el organismo.

Julia Perié, Tiki Marchesini, Gisela Spasiuk, Cristina Ryndycz, Amelia Báez, Mariquita Torres; Ana María Gorosito, Marcela Crechuska, son algunas de las referentas que estamparon su firma en el petitorio.

Expresan que no es suficiente la renuncia del funcionario. Al contrario, exigen que se investiguen los hechos en todas sus dimensiones y que se imparta justicia. «Las y los misioneros requerimos hechos categóricos que contribuyan a devolver la credibilidad a la política y sus instituciones», señalan.

Insisten en la necesidad de romper «el sentido común, que vuelve a poner en el centro las sospechas y la culpa en las mujeres. En tanto a través de palabras y artilugios justifica las acciones de los varones. En situaciones de desventaja estructural las mujeres no elegimos».

Recuerdan que «de eso se aprovechan los que ocupan, como en este caso, cargos y posiciones de autoridad; para continuar repitiendo sus prácticas de coacción y abuso de poder. Del mismo modo, remarcamos el papel predominante de los medios masivos y de las redes, construyendo opinión pública».

En ese sentido instan a que se cumpla la normativa vigente en cuanto a las formas de comunicar con perspectiva de género.

Explican también que «hubo omisión mediática, de otros actores, y múltiples silencios. Esto muestra que el pacto patriarcal es todavía lo suficientemente sólido; como para garantizar que varones como éstos tengan continuidad en el acceso y control de los recursos económicos, y una cuasi absoluta impunidad».

El petitorio

En base a esto piden que «se investigue la corrupción, malversación de fondos, abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos de acción pública».

«En base a ello es que requerimos se inicie, requiera e instruya la investigación necesaria para determinar los alcances; magnitud y responsabilidad que quepan a las autoridades, responsables y funcionarios del IFAI, especialmente de quien fuera su presidente».

Y finalizan pidiendo a la Fiscalía «que impulse la investigación y tomen las medidas necesarias para llegar a determinar las responsabilidades civiles y penales que correspondan».