SINDICATOS DEL CONTINENTE CONTRA LA «GESTAPO»
En ese marco expresó su más enfático rechazo a las «políticas de persecución, criminalización e inculpación de sindicalistas por parte de una planificada estrategia de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); de la ex-gobernación de la provincia de Buenos Aires en épocas de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, del ex Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, y de otros responsables, que incluye a miembros del Poder Judicial de la República
Argentina.
En consideración a la gravedad de los sucesos, DECLARA:
- Que los hechos denunciados fueron conocidos en el curso de la pasada
semana mediante filmaciones donde se aprecia la celebración de reuniones
secretas realizadas en 2017 por funcionarios de esos rangos con el objetivo de
trazar un plan para afectar y debilitar a organizaciones sindicales
representativas de trabajadores del ámbito público y privado , llegando al
extremo de proponer una “Gestapo” antisindical
(https://www.youtube.com/watch?v=tTV2hSn18ic), según expresión literal del
entonces Ministro de Trabajo de la Provincia; - Es importante destacar que la política del gobierno de la provincia de Bs.As.
estaba íntimamente relacionada con el proyecto del gobierno Federal del
presidente Mauricio Macri, ejecutado en varias oportunidades mediante
instrumentos como el espionaje, la acción policial y jurídica en contra de
dirigentes sindicales sociales y políticos; - Esta persecución y criminalización de dirigentes sindicales y sociales y de las
protestas constituye una política conocida en las Américas, ya que obedece a
la lógica del modelo económico neoliberal que privilegia el mercado y las
ganancias por encima de los derechos de los trabajadores/as y de la población
en general. Su aplicación es implementada por los gobiernos de derecha y de
extrema derecha en nuestra región, que hace de su fundamentalismo neoliberal
una práctica de ataque a la democracia y al propio estado de derecho; - La visualización del video por la vía de redes sociales permitió verificar
públicamente la gravedad de la situación, que significa una grosera persecución
sindical que ha motivado la presentación de recursos por parte de las centrales
sindicales argentinas ante organismos internacionales competentes en materia
de Derechos Humanos; - En casos similares, el Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) tiene dicho que “En relación con la inculpación
de dirigentes sindicales por sus actividades sindicales, el Comité señaló el
peligro que para el libre ejercicio de los derechos sindicales representan las
condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el
ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus
mandantes” (La Libertad Sindical. Recopilación de Decisiones del Comité de
Libertad Sindical. OIT, 2018, pár. 154); - En lo fundamental, los hechos verificados constituyen una flagrante
violación de las garantías más elementales del Estado de Derecho,
afectando los derechos ciudadanos y a la Democracia y su
institucionalidad misma como ideal de convivencia social; - En esta dirección, la Resolución sobre “Los derechos sindicales y su
vinculación con las libertades civiles” de la OIT de 1970 ha reconocido que
los derechos de las organizaciones de trabajadores se basan en el respeto de
las libertades civiles y que “el concepto de libertades sindicales carece
totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles”.
Entre las libertades civiles que son esenciales en sí mismas y como
presupuesto del ejercicio de la libertad sindical figuran, según la Resolución de
OIT, “el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, y a la protección
contra la detención y la prisión arbitrarias”; la “libertad de opinión y de expresión,
y en particular, de sostener opiniones sin ser molestado” y el “derecho a
proceso regular por tribunales independientes e imparciales”; - La iniciativa ahora descubierta confirma la denuncia de las centrales sindicales
argentinas efectuada en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por las acciones tomadas por el gobierno de la época para criminalizar la
protesta social, estigmatizar dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones)
y jueces, restringiendo de diversas maneras la actividad sindical;
En virtud de tales consideraciones, la CSA pide a las autoridades pertinentes de la
República Argentina la urgente dilucidación y determinación de las
responsabilidades de los partícipes de las reuniones y confabulaciones de
manera firme para erradicar este tipo de maniobras lesivas de los derechos civiles,
políticos y sindicales de las personas que trabajan.
Finalmente, la CSA demanda a los organismos internacionales (OIT, CIDH, Corte IDH,
CIMT, CELAC), que se mantengan atentos y vigilantes a la situación de persecución
de la acción sindical, los sindicatos y a los dirigentes en nuestra región.
FUENTE: PRENSA SEMAB – CEA