¿AUDITORÍAS PRIVADAS?
En medio del escándalo nacional por las coimas en ANDIS, a la agencia responsable de velar por la discapacidad no se le ocurre nada mejor que poner más presión.
En Misiones, por carta documento convocaron a beneficiarios de pensiones por discapacidad a presentarse con los estudios correspondientes. ¡Pero lo hizo una empresa privada!
Sucedió en San Ignacio, donde personas sin identificar, aparentemente militantes de La Libertad Avanza, completaban planillas previamente firmadas por médicos.
Según testimonios recogidos en el lugar, ni siquiera chequearon los estudios médicos que convalidan la discapacidad. Tampoco había personal médico.
Desde la municipalidad de San Ignacio asistieron a la gente a la que la empresa supuestamente contratada ni siquiera le ofreció agua. La convocatoria se realizó en un restaurante fuera de servicio. Funcionarios de la municipalidad confirmaron que se ofrecieron para colaborar o realizar los operativos de auditoría, pero ANDIS ni siquiera respondió.
Sin identificar
Tatiana Antúnez, titular de la Comisión Provincial de Discapacidad, confirmó a LOC que las personas que llevaron adelante el operativo no tenían identificación. Pero que está en condiciones de afirmar que se trata de una empresa privada sin identificar.
Esto se suma a la serie de irregularidades en los operativos que en este caso terminaron con 5 personas descompuestas y una con un ACV en la fila.
El gobierno de la provincia de Misiones presentó un recurso ante la justicia federal para proteger a los beneficiarios de pensiones por discapacidad.
Lo anunció en conferencia de prensa el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Según detalló en sus redes sociales, ANDIS «ha venido ejecutando un proceso de bajas arbitrarias de pensiones por discapacidad con irregularidades inadmisibles en sus auditorías. Por ese motivo recurrimos a la Justicia Federal. ¿Qué encontramos?
Sellos y firmas de médicos falsificados.
Trámites recibidos por militantes políticos, no por profesionales de la salud.
Comprobantes de recepción de trámites sin membrete ni validez legal alguna.
Personas con discapacidad atendidas en lugares indignos, como un restaurante abandonado.
Auditorías realizadas sin notificar, dejando a las personas sin posibilidad de presentar estudios.
Bajas automáticas, sin instancias de defensa ni revisión.
Derechos vulnerados a quienes más necesitan su pensión, que es su único y magro ingreso».
Ante ese cúmulo de irregularidades, planteó que «en Misiones no defendemos pensiones truchas. Categóricamente NO».
«SÍ defendemos con firmeza los derechos de los más vulnerables. No vamos a aceptar que la desprolijidad, la improvisación o manipulación política pongan en riesgo la vida de las personas con discapacidad. Las auditorías deben hacerse, pero con seriedad, con médicos, con profesionales, y en espacios dignos. No en la clandestinidad, no con sellos falsos, no con militantes que deciden sobre la vida de nuestras familias. Desde la Vicegobernación y el Consejo Provincial de Discapacidad, llevamos este reclamo a la Justicia porque en Misiones no vamos a permitir que se juegue con la dignidad de nuestra gente. Nuestra posición es clara: siempre vamos a estar del lado de quienes más lo necesitan, nunca del lado de la injusticia o el atropello».
Le robaron el sello
Por si no alcanzara el escándalo, el cardiólogo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Leandro Peñaloza, denunció que le falsificaron sello y firma.
Según relataron los beneficiarios citados, al finalizar recibieron una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”. Sin membrete oficial, firmada con el nombre y matrícula ilegible del cardiólogo Leandro Peñaloza.
El documento establecía que los pensionados debían remitir la constancia y su documentación respaldatoria en un plazo de 30 días a través de la plataforma Trámites a Distancia, las oficinas de ANSES o un centro de atención de la ANDIS. Sin embargo, en la provincia de Misiones el organismo no posee dependencias propias.
Peñaloza negó cualquier vínculo con la ANDIS y aseguró que se trató de una falsificación. “Este viernes alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso. No coincide la tipografía y la firma estampada no se asemeja a la que utilizo”, declaró a Clarín.
“En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”, sostuvo. Y confirmó que ya se comunicó con el fiscal de Pergamino y presentará una denuncia penal por usurpación de identidad.
