Burlarse del terror no es humor sino complicidad
Una docente misionera, que asumiría como concejal de Montecarlo en diciembre, se jactó de las víctimas del terrorismo de Estado, al celebrar con una publicación en sus redes la eventual vuelta de los Falcon verdes de la dictadura con «un baúl mejorado para acarrear zurditos llorando». Las declaraciones de Patricia Buckmayer, concejal electa de La Libertad Avanza, banalizan el horror de la dictadura y ponen en riesgo los pilares de la democracia y la educación. Representan también una fuerte expresión de la crueldad humana vigente que celebra y justifica crímenes atroces ya condenados.
Por Raúl Puentes
La memoria colectiva argentina sigue luchando contra el negacionismo y la impunidad, vengan de donde vengan. Patricia Buckmayer, concejal electa en la localidad misionera de Montecarlo por La Libertad Avanza y docente de nivel primario, desató una ola de repudios al publicar en redes sociales un mensaje que celebraba irónicamente el Ford Falcon verde, símbolo del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar eclesiástica (1976-1983). Por causa (no solo por suerte) las palabras de quienes ocupan cargos públicos —y más aún, de quienes educan a las nuevas generaciones— adquieren un peso importante que la sociedad conoce y, por lo tanto, observa con detenimiento.
La publicación de esta representante del partido de Javier Milei, que incluye frases como «baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando», no solo ridiculiza a las víctimas del genocidio, sino que normaliza la maquinaria de secuestros y desapariciones que dejó 30 mil desaparecidos y que incluyó el secuestro de unos 500 niños, de los cuales solo 140 recuperaron su identidad. El hecho de que provenga de una figura pública —y educadora— agrava su impacto: no se trata de un comentario aislado, sino de un discurso que debilita los principios democráticos y éticos que la sociedad argentina construyó con dolor y lucha.
Las expresiones de esta mujer disparan repudios en todo sentido, básicamente por su falta de formación y sus permanentes acciones en favor de los discursos de odio, avaladas por gran parte de una población que la votó para que se desempeñe como conceja de Montecarlo y que celebra sus publicaciones antidemocráticas.
Entre la libertad de expresión y la apología del crimen
Si bien la Constitución Argentina garantiza la libertad de expresión (N de la R: también nostros, como medio de comunicación), no ampara la incitación a la violencia ni la justificación de crímenes de lesa humanidad.
En la misma línea, el artículo 213 bis del Código Penal, incorporado por la Ley 26.862, establece penas de prisión para quienes hagan apología pública de genocidios o crímenes de lesa humanidad. Además, la Ley Nacional de Educación (26.206) exige enseñar la memoria histórica como política de Estado.
La condena al terrorismo de Estado no es una cuestión partidaria, ni de izquierdas ni de derechas, sino un principio fundamental de los derechos humanos y la democracia. Así lo han demostrado líderes mundiales de distintas ideologías, como el presidente francés Emmanuel Macron, quien durante su visita a la Argentina en 2017 —en pleno gobierno de Mauricio Macri— insistió en recorrer el Museo Sitio de Memoria ESMA como un gesto inequívoco de rechazo a los crímenes de lesa humanidad.
Similar postura adoptaron figuras como el expresidente español Felipe González (socialista) o la canciller alemana Angela Merkel (conservadora), quienes en distintas ocasiones reforzaron la importancia de mantener viva la memoria contra la barbarie autoritaria. Estos ejemplos evidencian que la defensa de la verdad y la justicia trasciende fronteras y colores políticos.
Incluso en el ámbito local, este consenso se manifiesta en hechos reveladores: el propio presidente Javier Milei –del mismo espacio político que la misionera Buckmayer—, pese a su retórica confrontativa y promesas de campaña, no se atrevió a firmar un indulto a genocidas, lo que explica en parte su tensión pública con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien exige cumplir con esa polémica promesa electoral.
Este límite tácito demuestra que, más allá de las posturas ideológicas, hay un piso ético que ni siquiera los sectores más extremos pueden vulnerar abiertamente.
En varias oportunidades, desde los organismos de derechos humanos, como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, alertan de manera permanente sobre el peligro de estos mensajes: «No son simples opiniones; son una distorsión de la historia y un mensaje de impunidad para el futuro», señalaron, mientras reaparecen aquellas ideas del sentido común que dictan que las personas que se ríen del terror no pueden estar frente a un aula ni en un cargo público.
Buckmayer, violenta, irónica y con escasa formación política y social, no solo pretende asumir una banca legislativa en su localidad sino que, además, ejerce como docente en una escuela primaria. Este doble papel, justamente, genera alarma: ¿Cómo transmitirá valores democráticos a sus alumnos si relativiza el horror sistemático de la dictadura?
Desde las redes sociales, el dirigente político y funcionario del Frente Renovador, Roque Gervasoni, fue quien alertó a la población sobre este posicionamiento falto de humanidad y ninguna ética: «las semillas del odio se siembran día a día, y esta señora está en un lugar privilegiado para hacerlo», expresó.
En paparelo a la reivindicación del horror promovido por la representante de un amplio sector de su comunidad, que avaló sus dichos a través de las redes sociales, desde otros espacios exigen respuestas oficiales a los organismos que deben actuar frente a estas acciones de negacionismo y violación de la reglamentación vigente.
En otras acciones similares a este contexto, desde organizaciones de derechos humanos ya habían advertido que este tipo de conductas «no es solo una ofensa a las víctimas; es un riesgo para la convivencia social».
La banalización del autoritarismo
Este episodio no es aislado. Distintos adherentes al oficialismo nacional insisten en relativizar los crímenes de la dictadura bajo el disfraz de la «sátira» o la «libertad ideológica». Incluso legitiman su accionar como parte de lo que llaman «la batalla cultural», negando y desconociendo que en este país, por ejemplo, todavía se buscan restos de desaparecidos en fosas clandestinas. Y emerge una reflexión que preocupa, al advertir que el terror que las fuerzas aplicaron sobre la población puede convertirse en burla, en reinterpretaciones banalizadas: pero burlarse del terror no es humor: es complicidad.
La reflexión sobre este hecho horrible de Buckmayer nos indica que la democracia no se defiende solo en las urnas, sino en el rechazo cotidiano a quienes buscan blanquear el autoritarismo. Las palabras de esta mujer, de Buckmayer, no son un desliz sino un síntoma de un problema mayor que la sociedad no puede permitir que crezca y que en este y en otros casos similares, debe sancionar. Quizás el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones; el Ministerio de Educación, la Fiscalía de Estado, la Cámara de Representantes de Misiones; la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Montecarlo, así como la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones y el mismo Poder Judicial provincial estén analizando las medidas de acción frente a esta burla a las víctimas del terrorismo de Estado, a la institucionalidad y a la propia población.
N. de la R.: Increíble o no, la mujer hizo su posteo sobre una imagen generada con inteligencia artificial que reversiona los autos clásicos y los presenta sobre la base de un juego de cómo serían si volvieran a ser productos de la industria. En esa línea también celebró que se tratara de un Ford Falcon de color verde, el ícono del horror de la dictadura.
FUENTE: MISIONES PLURAL
