FINALMENTE PODRÁN VOTAR
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia habilitó este miércoles a que puedan votar cerca de 16 mil miembros de las fuerzas de seguridad y defensa.
Días atrás, el Tribunal Electoral, presidido por Cristian Benítez y los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, decidió excluir al personal de la Policía, el Servicio Penitenciario, fuerzas de seguridad federales y el Ejército.
La medida se llevó a cabo tras ampararse en el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial. Allí se establece: “No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”.
En ese marco, la presidenta, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, apoyó la incorporación de los integrantes de las fuerzas en el padrón electoral.
Esta resolución se produjo tras una revisión del procurador de la provincia, Carlos Jorge Giménez. Por solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un control de legalidad que concluyó en la necesidad de incluir nuevamente a los agentes.
“El artículo 48 de la Constitución Provincial debe ser removido por resultar manifiestamente contrario al bloque de constitucionalidad”, señaló el procurador en un escrito.
Justamente, esta prohibición había sido objetada anteriormente en diversos fallos del propio Tribunal Superior. En anteriores ocasiones ya había declarado inconstitucional este inciso sin llegar a resultados efectivos a largo plazo.
El funcionario subrayó que prohibir el voto a estos miembros constituía una violación de los derechos humanos y el principio de participación política. Ambos consagrados en normativas nacionales e internacionales.
El 23 de mayo, el Tribunal Electoral había publicado la exclusión en el Boletín Oficial. Por esta razón, alrededor de 16 mil efectivos no podrían votar. Este artículo limita el sufragio a soldados y agentes de seguridad activos. Pero, según el Superior Tribunal, tales restricciones son “desproporcionadas y violan la Constitución Nacional”. Establece un problema de interpretación legal que ha afectado a amplios sectores de las fuerzas de seguridad.
Como telón de fondo se plantea la situación de Ramón Amarilla, líder de la protesta protagonizada por la policía. Detenido en el penal de Cerro Azul, es candidato a diputado provincial en las elecciones del 8 de junio. Lo acusan de sedición por integrar presuntamente un grupo de whatsap en el que se proponían acciones en ese sentido.
Si bien el Tribunal Electoral validó su candidatura, desde distintos sectores de la oposición se leyó la prohibición del voto de las fuerzas como una limitación a sus derechos electorales.
Finalmente, se zanjó la situación y podrán votar.
FUENTE: infobae
