ACUERDO A MEDIAS
La Mesa de Diálogo docente concluyó con un incremento del orden del 4%. Firmaron Udpm, Amet y Sidepp. Mientras que UDA, Semab CEA y Sadop no suscribieron el acta. La próxima mesa técnica será el 7 de octubre.
«Es un monto insuficiente, por eso no firmamos el acta», sostuvo Mariana Lescaffette del Semab-CEA. «No obstante, es un porcentaje que vendrá en el salario de septiembre», explicó.
En el encuentro se acordó que la próxima reunión será de la mesa técnica salarial el lunes 7 de octubre. Se espera tener como ejes la incorporación como bonificable el adicional remunerativo del Fondo Provincial de Incentivo Docente. También, un adicional para los docentes del SPEPM que prestan servicios en las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) con permanencia nocturna. También la incorporación del concepto 846 del adicional 146/21, adicional para cargos MET/MEP a los cargos restantes de los docentes de las escuelas agrotécnicas 2050, 2054, 2066 al 2073, 2078 y 2079 y docentes de las Escuelas EFA. Incorporar los conceptos 815 y 847 a los secretarios y orientadores de escuelas agrotécnicas. Incrementar el concepto 889 y 920 que sean liquidados como prolongación de jornada a los que perciben actualmente. Incorporar el adicional de tarea riesgosa para las Escuelas Provinciales de Jóvenes y Adultos.
También se analizará que el adicional 923, por material didáctico y tecnológico; y el adicional 960 de movilidad, queden excluidos del Regulador Salario Mínimo Provincial. Y también se tratará el recálculo de la liquidación pendiente de julio del concepto 829 para las Escuelas EFA.
Finalmente, se acordó para el día 27 de septiembre la mesa técnica de titularización.
«Decidimos no firmar el acuerdo porque nos pareció totalmente insuficiente el 4,8% promedio de incremento salarial el cargo testigo. No supera los 500 mil cuando la canasta está a 900 mil. El básico quedó en 132 mil, totalmente insuficiente», detalló la secretaria general del SEMAB-CEA.
Agregó que la propuesta es irrisoria, ya que «en agosto no hubo incremento salarial, y ahora la propuesta es muy pobre. Un maestro de grado no llega a los 600 mil pesos con la máxima antigüedad. Por eso decidimos no avalar con nuestra firma el insuficiente acuerdo».
Lo que sí se logró, explicó la dirigente, es la convocatoria para el 27 de septiembre la mesa para tratar el tema de la titularización. «La gente está esperando su estabilidad en el marco de ajuste perpetuo del gobierno nacional. Y se plantea que las provincias hagan el ajuste, pero siempre con los trabajadores, nunca con los sectores que se siguen enriqueciendo a costa del desmantelamiento del estado. Son los trabajadores los que están perdiendo derechos, y eso no podemos avalar».
Desfinanciar la educación
Por otra parte, Mariana Lescaffette expresó el rechazo del sindicato al presupuesto anunciado por el presidente ante el Congreso de la Nación. Señaló que «en el marco de la emergencia pública declarada en la Ley Bases, se suspenderá para el ejercicio 2025 el “cumplimiento del artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; los artículos: 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 del Financiamiento del Sistema Nacional de ciencia, tecnología e innovación; del artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional”.
Esto «llevaría al desfinanciamiento de la educación. “Estas leyes que hoy el propio presidente de la Nación convoca a dejar de cumplir han sido a partir del año 2005 un enorme avance y compromiso del Estado Nacional para financiar la educación, ciencia, y tecnología. Esta decisión que la CEA rechaza abandona a las provincias, quitando la posibilidad de construir de manera igualitaria en el territorio nacional y arrasando con derechos establecidos por la propia Constitución Nacional”.
En ese sentido, el titular de la Confederación, Fabián Feldman, manifestó que “de ninguna manera el Congreso Nacional puede borrar de un plumazo las leyes que garantizan derechos para todo el pueblo argentino. Esperamos que las legisladoras y legisladores estén a la altura de las circunstancias y rechacen este recorte que asfixia a las provincias quitando los derechos fundamentales que fueron garantizados hace décadas”.
FUENTE: PRENSA SEMAB-CEA – Diario El Territorio
