SIN TRABAJO, SIN ESCUELAS, SIN DOCENTES

«Lo que está pasando con la reforma laboral y educativa es muy grave». Lo advirtió severamente Mariana Lescaffette, titular del SEMAB-CEA. «El gobierno está apurando la votación de un presupuesto que desconoce las leyes votadas a favor de las personas con discapacidad y el presupuesto universitario. Próximamente van a querer avanzar con su reforma laboral esclavista».

Es que la Cámara de Diputados de la Nación apura la sanción del Presupuesto que directamente ignora 2 leyes votadas e insistidas por el propio Congreso. El oficialismo directamente desoye la orden judicial de su cumplimiento al no incorporar su financiación en el presupuesto. Es decir, deja languidecer a las universidades y a las personas discapacitadas.

Ante esta situación, la dirigente manifestó que «la movilización es la única herramienta que tenemos para hacernos escuchar. Por eso, este 18 de diciembre necesitamos estar en las calles como una primera medida de lucha. Concentramos en la Plaza 9 de julio a las 15 hs. La CGT convoca a movilizar, el SEMAB CEA estará presente».

Agregó que «el jueves vamos a movilizar con una columna, para exigir un paro y un plan de lucha nacional para el día que quieran votar la reforma laboral. Las reformas laboral y educativa están en marcha. Nos afectan a todos y debemos frenarla, no solo postergarla. No hay más tiempo este jueves es el dia», señaló.

Educación sin ley

Mientras se discute la reforma laboral con pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores, incluso los docentes, avanza la Reforma Educativa. Lisa y llanamente, «promueve la derogación de la Ley Nacional de Educación», advirtió Lescaffette. Pretende «eliminar la educación pública estatal, los estatutos y derechos docentes, y que cada escuela sostenga su proyecto y presupuesto educativo.» Además, y si con esto no bastara, «elimina la educación especial».

La llaman «Libertad Educativa»

El Gobierno Nacional presentó en el Consejo de Mayo un borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa. Propone reemplazar la normativa vigente desde 2006 y reconfigurar el sistema educativo básico en Argentina. La iniciativa impulsa mayor autonomía para las escuelas, incorpora modalidades como la educación en el hogar y plantea un rol central de las familias por encima del Estado. Para la titular del Semab, «esta reforma es volver al siglo XIX disfrazada de nuevas tecnologías. Se incorpora la educación religiosa y los planes de estudio serán por escuela».

Además, simplemente «destruye el rol docente», profundizó. Es que «El proyecto habilita el “home schooling”, la educación híbrida y a distancia sin edad mínima, con acreditación mediante exámenes periódicos. También permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa optativa fuera del horario escolar y que cada institución diseñe planes de estudio propios, respetando contenidos mínimos comunes a nivel nacional».

«Servicio Esencial»

Paradógicamente, el proyecto de Milei considera «servicio esencial» a la educación. El objetivo es destruir el derecho a huelga de los docentes, consagrado además en convenios internacionales de la OIT. Así, «destruye derechos docentes dando facultades a directivos con el derecho de admisión de docentes y reglamentos internos con presupuestos individuales por escuelas.

La titular del Semab Cea es a su vez secretaria de políticas educativas de la CGT Regional Misiones. Informó que «el borrador, de 136 artículos, aún está en discusión y fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano como un documento preliminar».

Explicó que «ya no tendría vigencia el Art. 9° de la LEN según el cual “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto. Tampoco el Art. 10 que determina que “el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.

Incluso, detalla, «plantean el paso del financiamiento al sistema y sus instituciones al financiamiento de la demanda y los usuarios (financiamiento individual, voucher a las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas)».

Rechazo y repudio

«Lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto. En todo su contenido arremete contra la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular».

Recuerda que la ley vigente, la 26206, «fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos».

«Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales».

«Observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la “libertad”, este proyecto de la derecha pretende eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación. Y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad».

«Lo rechazamos también por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos. Obtura cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares.»

«Por todo esto, finalizó, rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores que acumulan grandes riquezas con políticas que destrozan los derechos laborales y convenios colectivos con un modelo con el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública».

«Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX.»