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DEFENSORÍAS PROVINCIALES RECHAZAN SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO

El Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Miguel Molina, suscribió junto a sus pares de Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Santiago del Estero un documento en el que rechazan y piden al ejecutivo nacional que dé marcha atrás con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores. El texto suscripto dice lo siguiente:

«Las y los Defensores Provinciales de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, La Pampa, Misiones, Córdoba y Santiago del Estero rechazamos la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 589/2019 destinado a adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años. Asimismo, nos preocupa que el paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia sea citado por la Ministra como marco y argumento para una política pública a cargo de una fuerza represiva. Por el contrario, ésta se encuentra muy lejos de dar cuenta de la incorporación de esta perspectiva tanto en su formación como en el desenvolvimiento de sus funciones cuando se trata de adolescentes y jóvenes. Como organismos de derechos especializados, defendemos una vez más a la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, quien tiene a su cargo la formación ciudadana y democrática de las niñas, niños y adolescentes. El Estado debe invertir en la generación de oportunidades y proyectos de vida para las juventudes, y esto es con educación, salud, empleo y vivienda digna, a través de los organismos competentes para tal fin. Queremos que las y los jóvenes estén en las escuelas, en los clubes, en los centros culturales, en las bibliotecas, en los espacios comunitarios. No en los cuarteles. Mucho menos en lo que fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar. Proponemos a la Ministra de Seguridad reflexionar, e instamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar marcha atrás con esta iniciativa, y -en su lugar- se prioricen políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes, que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos.»


FUENTE: ENREDADOS