UN LUGAR DONDE VIVIR
Promotorxs Jurídicos, equipo de estudiantes de Derecho de la UBA, desarrolló en la mañana del sábado un impactante taller con ocupantes informales en un edificio de la avenida Díaz Vélez, en la ciudad de Buenos Aires. El taller brindó herramientas jurídicas para proceder en casos de desalojo, a partir de dinámicas de juegos con los participantes. El equipo es coordinado por los docentes de la UBA Sebastián Tedeschi, responsable del programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación, y Ramiro Dos Santos Freire, titular de la Defensoría Oficial Nº5 de la Ciudad de Buenos Aires.
El taller surgió como iniciativa de EPIHCO, numerosas familias de edificios, pensiones, inquilinatos, hoteles y casas ocupadas que buscan seguridad en la tenencia de sus viviendas. Se suman así al trabajo que también desarrolla Inquilinos Agrupados en defensa de los derechos de 9 millones de familias que alquilan, sometidas a las reglas del mercado inmobiliario. Contó con la presencia de Gervasio Muñoz y Florencia Presta de Inquilinos Agrupados y de la Federación Nacional de Inquilinos, Norberto López de EPIHCO, Fernando Muñoz y Andrés Bernal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y delegados de Mataderos, Juan B. Justo y del edificio anfitrión.
La reflexión inicial giró en torno al concepto de vivienda digna. Cada participante que recibió la pelota del juego expresó lo que implica en su propia vida la utopía de tener un lugar donde vivir. A partir de ahí se desprendieron los derechos que comprende el acceso a la vivienda digna: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, facilidades para acceder, adecuación cultural.
Después se analizó todo el proceso judicial que culmina en la acción de desalojo, con el objetivo de que los ocupantes tengan herramientas legales en defensa de su derecho a una vivienda digna.
Los participantes pudieron relatar sus propias experiencias, siempre dolorosas, sus anhelos vinculados al futuro de sus hijos, y concluyeron que la organización comunitaria y el aprendizaje de los derechos son herramientas fundamentales para lograr la tranquilidad de una vida digna.
El taller fue el lugar de encuentro del trabajo de organizaciones que se formaron a partir de la desesperación de una porción importante de la población que no puede garantizar el acceso a la vivienda. Así se formó Inquilinos Agrupados y luego la federación, que lograron imponer algunos límites a la voracidad del mercado inmobiliario. En la ciudad de Buenos Aires lograron la ley que libera al inquilino del pago de la comisión de inmobiliaria, que queda a a cargo del propietario. A nivel nacional, después de 4 años de lucha, se consiguió el dictamen para la Ley de Alquileres que extiende a 3 años el mínimo de un contrato de alquiler, incremento del precio anual y no semestral y en base a un cálculo que incluye índice de precios y salarios. Es un «piso» de derechos, pero lo importante es que ya no decide solamente el mercado inmobiliario, ahora también se escucha la voz más débil, la de los inquilinos.
Confluye allí con el trabajo que desarrolla el equipo coordinado por los docentes de la UBA que concibe al hábitat desde la perspectiva de los derechos humanos. Según Sebastián Tedeschi, los sectores populares fueron discriminados históricamente a un lugar donde vivir y producir. «Ante la falta de políticas públicas que faciliten su acceso al suelo para vivir y producir, los sectores populares han resuelto este problema recurriendo a diversas formas de producir y reproducir en el espacio informal. Ocupación de tierras sin utilización, compraventa de edificaciones de viviendas sin títulos legales, producción informal y comercio informal son las estrategias dadas para sobrevivir, amén de también muchos de ellos trabajar en empleo no registrado ya no como supervivencia, sino como explotación de empresas formales.» (Cuatro claves en políticas de hábitat desde la perspectiva de los derechos humanos. Voces en el Fénix.)
Los hombres y mujeres que participaron del taller pertenecen a ese colectivo de familias que armaron su casa como pudieron y donde pudieron. Y quieren ser reconocidas como titulares de derechos. Eso implica poner límites a otros derechos que socialmente se conciben como superiores como el derecho a la propiedad. Y esa tensión se debe resolver con políticas públicas.
Lo señala Sebastián Tedeschi en una cuestión clave para desarrollar una sociedad justa e inclusiva: la gestión democrática del territorio. «La gestión democrática del territorio puede ser entendida como el derecho al control y participación de todas las personas que habitan un determinado territorio, sea rural o urbano, a través de formas directas y representativas, al planeamiento y gobierno del área regional; privilegiando el fortalecimiento y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares para su producción y reproducción».
Con ese marco teórico el taller se convirtió en sí mismo en una reivindicación de un sector de la población históricamente marginado. Los vecinos juntaron dinero para el café, las bebidas, la pizza, cremonas y galletitas que convidaron a las visitas. Limpiaron el fondo del edificio y arrimaron sillas y almohadones. Y al final estaban exhultantes: por primera vez docentes y estudiantes de la universidad, funcionarios de la justicia, fueron a su territorio, los escucharon, les informaron, les dieron la visibilidad y la entidad como personas, como sujetos titulares de derechos. Un aliciente para seguir luchando por la utopía de tener un lugar donde vivir.
